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Asimismo, ha denunciado los recortes en las plantillas de los centros sanitarios -con 53.000 trabajadores menos-, el cierre de camas, o el aumento importante de las listas de espera tanto de consulta externa, como quirúrgica, de pruebas diagnósticas o de consulta de atención primaria.

En este sentido, el estudio refleja importantes diferencias entre comunidades sobre el porcentaje de personas que opinan que la Sanidad funciona bien o bastante bien y varía del 83,94 por ciento de Asturias al 44,09 por ciento de Canarias.

“Es evidente que la política de recortes ha afectado a todas las comunidades, pero a unas más que a otras, dependiendo del interés de sus gobernantes por preservar la Sanidad Pública”, ha afirmado Sánchez Bayle.

Canarias y la Comunidad Valenciana ocupan los dos últimos puestos de este ránking desde hace seis y ocho años respectivamente, mientras que los cinco primeros puestos en los cinco últimos años los ocupan las mismas comunidades.

La normativa se aplica de forma errada con gravísimas consecuencias. “Hay un problema de desinformación. Las líneas de actuación no se han trasmitido de manera clara e inequívoca lo que provoca que doctores de una misma Comunidad Autónoma actúen de distinta forma”, asegura Salvador López Luzati, portavoz de Amnistía Internacional.

El aborto de la inmigrante Milagros Villalobos tras denegarle la atención en un hospital público en España es el último caso que ilustra las consecuencias de la reforma sanitaria que promovió el gobierno conservador de Mariano Rajoy “para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”.

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