Hasta ahora, según una ley de 1963, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, o SNTE, elegía el 50 por ciento de los docentes del país, mientras el 50 por ciento restante era designado por el Estado. Esto generaba un sistema corrupto en el que decenas de miles de maestros recibían un sueldo sin ir a clase, y los maestros que se retiraban podían vender sus empleos vitalicios, o se los dejaban como herencia a sus hijos, sin ningún filtro. La nueva ley, que está provocando violentas protestas por parte de un sindicato radical disidente, establece que tanto los nuevos maestros como los que están en funciones deberán someterse a un examen nacional de evaluación. Los candidatos a maestros tendrán dos oportunidades de aprobarlo para ser contratados, y los maestros en ejercicio tendrán hasta tres oportunidades de aprobarlo para poder seguir enseñando o ser ascendidos.
“Se ha recibido la carta y se hará del conocimiento de todos los diputados de la Comisión (de Hacienda)”, manifestó el diputado Damián Alegría, del ex guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Y remarcó que “el subsidio no excluye la percepción de una indemnización por la vía judicial” de los beneficiarios, “pero ayuda a todos aquellos que aún hoy debido al trauma sufrido, no están en condiciones de afrontar un proceso de esas características”.
Según la diputada Vietti, la agilización del estudio del proyecto en comisiones y el siguiente tratamiento dentro del recinto legislativo es “fundamental” para complementar la ley promulgada el año pasado por el Ejecutivo, que permitió otorgar pensiones graciables a las víctimas de la última dictadura cívico militar.
Tras la desmovilización los ex guerrilleros censados recibieron tierras y ayuda de capacitación de parte del gobierno, pero posteriormente pidieron que los beneficios se extendieran a los familiares de sus compañeros caídos y a los que no fueron incluidos en la nómina registrada por la ONU.
De hecho, el mismo Tagarelli fue quien instó a los legisladores a que den impulso a este nuevo proyecto de ley. Ahora que está presentado, la Asociación de Ex presos Políticos durante la Dictadura en Mendoza quiere que las comisiones den un despacho favorable.