Pero lo peor de esta historia es la actitud del gobierno, que hoy gobierna a Saludcoop intervenida a través de un funcionario suyo. Porque a pesar de la prohibición de la Superintendencia de Salud, desde el 2011 han pagado deudas por 238 mil millones de pesos, la EPS responde por créditos bancarios de todo el grupo Saludcoop y siguen las prácticas viciosas con las empresas de su red de integración vertical, mientras les debe 575 mil millones a las IPS que no son de su propiedad. ¡Y el interventor, además —con la venia del gobierno— contrató abogados por 11 mil millones de pesos para lograr la nulidad de la sanción por 1.4 billones de la Contraloría, con lo que Saludcoop podría salirse con la suya! (http://bit.ly/1oDADxE)
En enero de 2010, el Superintendente de Salud, Mario Mejía, condenó a Saludcoop a devolverle al sistema de salud 286 mil millones de pesos y a no pagar otros 308 mil millones por deudas contraídas, para un total de 595 mil millones. Tanto los pagos como las amortizaciones eran ilegales, pues no se cubrían con recursos de propiedad de la EPS sino de la salud de los colombianos, es decir, con los de la UPC destinados al POS.
Tiene razón el Ministro de Salud cuando afirma que no se requieren reformas estructurales, lo que se necesita es que los funcionarios dejen de lado el protagonismo hirsuto y se dediquen a cumplir con sus funciones, sobre todo las de vigilancia y supervisión, haciendo que el Fosyga, Caprecom y las entidades intervenidas y en liquidación paguen lo que deben, con solo estas acciones es mucho lo que lograríamos por el bien de los pacientes.Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El exsecretario fue capturado junto con otras siete personas, cuatro de ellas aceptaron su responsabilidad en el caso y fueron condenadas por el desfalco al Fosyga, pues según la Fiscalía habrían creado una red ilegal que utilizó fallos de tutela e historias clínicas falsas para realizar más de 130 recobros al Fosyga entre 2007 y 2010.
Después, y como resultado de una investigación que cubrió lo ocurrido entre 1998 y el 2010, la Contraloría General de la República condenó a Saludcoop a devolverle al sistema de salud 1.42 billones de pesos –indexados a 2010–, porque se los había gastado o invertido mediante el mismo método fraudulento sancionado por la Supersalud.
Un año después, el primer supersalud del gobierno de Santos, Conrado Gómez, acordó con la EPS echar para atrás la sanción (!), maniobra que les fracasó porque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado respaldaron la primera decisión de la Superintendencia, tras confirmar que esos dineros, tomados de la UPC, solo podían usarse para pagar medicamentos, trabajadores (médicos, enfermeras…) y procedimientos (quirúrgicos, hospitalarios…), así como los costos de administración (gerentes, contabilistas…) relacionados exclusivamente con el acto médico.