Esto provocara confictos con las comunidades autnomas, que son las que tienen las competencias en el sistema sanitario y corren con los gastos de las pruebas mdicas. El anteproyecto de ley de mutuas establece que los servicios pblicos de salud puedan utilizar los recursos sanitarios de las mutuas para acelerar la realizacin de pruebas de diagnstico o rehabilitacin y que los costes de estos servicios para el sistema pblico se haga a precios competitivos

La colaboración de las mutuas con el ámbito público no es el único aspecto que preocupa a las clínicas. También la previsión de que las mutuas puedan contratar servicios de asistencia con las entidades aseguradoras.

As lo han expresado a Efe los responsables de Salud Laboral de CCOO y UGT, Pedro Jos Linares y Marisa Rufino, respectivamente, quienes advierten de que las mutuas, entidades colaboradoras de la Seguridad Social que gestionan las bajas laborales del 76 % de los trabajadores, puedan derivar en “censores” de la prctica del mdico de atencin primaria.

Pese a que el Gobierno ha asegurado que corregir este extremo tras la radical oposicin de las organizaciones sindicales, CCOO subraya que slo existe el “compromiso verbal” por parte del secretario de Estado de Seguridad Social, Toms Burgos, pero no hay un documento escrito que explique cmo ser definitivamente el proceso.

El secretario de Salud Laboral de CCOO considera que la reforma adolece de “un problema de fondo” que es entender que la seguridad social no tiene capacidad para gestionar prestaciones, “y la nica va que se le ocurre al Gobierno para la gestin de esas prestaciones es que pase a las mutuas”.

Aunque el Gobierno prevea aprobar la reforma en el primer semestre de este ao, las discrepancias de sindicatos, empresarios, mdicos y comunidades autnomas entorno al “silencio administrativo” ha hecho que el Ejecutivo se haya comprometido a preparar un segundo documento del que todava no hay constancia fsica, algo que preocupa especialmente a los sindicatos.